El Informe Sobre el Problema de las Drogas en las Américas

 

Este informe fue presentado por la OEA en mayo del 2013; está planteado desde dos enfoques: el Informe Analítico, que es un estudio técnico del consumo, producción, tránsito, comercio y dimensión del negocio de las drogas , las políticas públicas adoptadas para enfrentar los problemas de salud pública, ilegalidad y violencia que suscitan, y su impacto social y político en la sociedad; y el Informe de Escenarios, en el que se analizan los posibles escenarios que podrían darse, con base en las opiniones y visiones del futuro de académicos, líderes políticos y sociales, y expertos de todo el continente.

 

Informe Analítico:

Las diferentes drogas impactan y enferman múltiples sistemas y órganos, especialmente el cerebro, con consecuencias más severas entre los jóvenes. Esto ha llevado a la sociedad a controlar el consumo, lo que ha generado una economía ilegal con terribles consecuencias en materia de violencia y delincuencia organizada.

La dependencia se origina por una interacción del cerebro y diversas determinantes biológicas, psicológicas, sociales y de medio ambiente del individuo. El consumo cuando el cerebro no está completamente desarrollado (antes de los 25 años) puede traer graves repercusiones a largo plazo.

El indicador de la OMS, Global Burden o Disease, revela que las drogas controladas contribuyen con 0.8% y el alcohol 0.7% de la carga mundial de mortalidad y discapacidad. El consumo de alcohol y otras drogas son factores de riesgo en 60 enfermedades y lesiones asociadas a accidentes y violencia. Los opioides son responsables de poco más de la mitad de las muertes asociadas con logras controladas (55.4%).

El cultivo de drogas de origen vegetal se realiza en muchos casos en zonas selváticas de gran valor ecológico, generando consecuencias inmediatas para el ambiente: desforestación, degradación de tierras y contaminación (esta última también causada por la aspersión con herbicida glifosato por parte de los gobiernos).

El impacto ambiental no sólo afecta a los países productores: los gases del efecto invernadero derivados de la quema y desforestación, los químicos no biodegradables utilizados, que tienen gran movilidad (el llamado efecto saltamontes), contaminan regiones distantes.

Las políticas de erradicación han tenido cierto éxito, pero hay críticos que sostienen que esto sólo aumenta el precio de la droga. En cuanto a los desarrollos alternativos, su efecto es muy pequeño, y sólo local. Generalmente, en estos casos, los cultivos ilegales se han desplazado a otros lugares.

 

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En América se presentan todas las etapas del proceso de las drogas: cultivo, elaboración de insumos para la producción, la producción misma, la distribución y la venta. Los gobiernos han respondido con diversas políticas para combatir cada una de dichas etapas, con acciones militares y policíacas, cuyo objeto es erradicar plantíos, destruir laboratorios clandestinos, decomisar sustancias, combatir la delincuencia organizada.

Sin embargo, las acciones institucionales para combatir el problema de las drogas no siempre resultan en una reducción de la actividad criminal sino sólo en su modificación: fragmentación de los grupos delincuenciales y su dispersión por zonas que consideran más seguras y con autoridades con menores capacidades.

Otra consecuencia de la lucha contra estas organizaciones, es la diversificación de su actividad criminal, hacia nuevos delitos: secuestro, extorsión y robos.

El margen de ganancias del narcotráfico son muchísimo más alto que el de cualquier comercio lícito. Ej. El grano de café cuesta 5 veces más en el comercio minorista que en el cafetal. La heroína cuesta 170 veces más.

Estas enormes ganancias generan graves problemas de corrupción, tanto de funcionarios que en algún punto de la cadena se ven envueltos como facilitadores u operadores, como de instituciones financieras que intervienen en el lavado de dinero; hay gran impunidad, y penetración de los grupos criminales en las instituciones públicas, tráfico de influencias y manipulación de la justicia. Esto acarrea graves implicaciones para la gobernabilidad democrática.

Por otro lado, los grupos delincuenciales establecen vínculos con comunidades aisladas, aportándoles bienes y servicios de los que carecían, con un crecimiento social y económico basado en fondos ilícitos. Fácilmente, muchas personas que carecen de otras oportunidades claras de movilidad social pueden llegar a apercibir la economía ilegal de la droga como una vía aceptada de trabajo, de fuente de ingresos considerables, de elevación del estatus social e incluso un sentido de pertenencia.

Alrededor de 230 millones de personas en el mundo consumieron alguna droga ilícita en 2010 (Informe Anual de ONUDD 2011). El consumo se ha ido incrementando en todos los países, y la edad de inicio ha ido disminuyendo. Las drogas más utilizadas van variando de país a país, lo mismo que el porcentaje de consumidores por droga por región.

Los tratamientos para la dependencia a las drogas son principalmente otorgadas por la red de asistencia en salud mental (con los mismos problemas de falta de recursos). En estos centros se añade otro problema, que es la potencial vejación de los derechos humanos de los usuarios. En cuanto a las instituciones particulares, básicamente son organizaciones de tipo comunitario (gran relevancia de asociaciones religiosas).

El Atlas sobre Consumo de Sustancias (OMS), señala que la mayoría de los países de las Américas tienen un número limitado de profesionales y servicios de salud especializados en el consumo de sustancias.

En cuanto a programas de prevención, los programas son difundidos por medios audiovisuales, y se realizan intervenciones preventivas en las escuelas y grupos vulnerables, familias y grupos comunitarios. Los reportes emitidos inciden más en el proceso e implementación de la intervención que en el impacto de la misma.

También se han implementado en algunos países programas de prevención de transmisión de enfermedades: como distribución de jeringas y equipos de inhalación, preservativos, etc.

Otro grave problema que enfrentan muchos países es el crecimiento de reclusos debido al narcotráfico. Los penales están sobresaturados, con costos fiscales para la población cada vez más altos tanto por el costo de mantenimiento de los reos como por la pérdida de su potencial laboral. El daño se expande hacia las familias, y, potencialmente, tendrán repercusiones en la tercera edad de estas personas, cuando carezcan de recursos para mantenerse y demanden asistencia del sector público.

Al usuario de drogas se le considera un “vicioso”, asociado a delincuencia, violencia y como amenaza para la sociedad, por lo que se le excluye de muchos espacios sociales e, incluso, a los programas de prevención y tratamiento. Esto deriva en un considerable deterioro personal, familiar y comunitario. El estigma de ser drogadicto o tener antecedentes penales por delitos contra la salud hace casi imposible la reinserción social y el acceso a empleos legales, lo cual resulta en un alto porcentaje de recaídas y reingresos., reduciendo la eficacia de la inversión realizada en tratamientos.

Por otro lado, la violencia generada por el tráfico de estupefacientes ha ido en aumento, tanto en cantidad como en grado de atrocidad. Aunque hay enormes carencias de información al respecto, nos podemos guiar por el comunicado de prensa del Gobierno de México 074/2012, que señala estimar en alrededor de 150 mil los casos de homicidios presuntamente ocurridos por la violencia entre organizaciones criminales en el continente americano.

Las estructuras criminales más poderosas (carteles mexicanos, Comandos de Brasil, maras de Centroamérica), operan en varios frentes simultáneamente, y no dependen exclusivamente del mercado de las drogas: tráfico de armas, contrabando, piratería de productos, trata de personas, de migrantes, de órganos, de animales en extinción y de reliquias arqueológicas, control y explotación de la prostitución, robo y venta de productos robados, minería ilegal, secuestro, extorsión.

Esto implica una actividad delictiva muy amplia, con grandes ramificaciones dentro de cada país, e internacionalmente.

 

Alternativas Legales y Regulatorias:

Términos:

  1. Prohibición: conjunto de leyes y reglamentos que prohíben la producción, venta y uso de determinadas sustancias.
  2. Despenalización = reducción de sanciones. Incluye sanciones no criminales (multas o intervenciones para disuadir el consumo). Tiene muy bajo impacto en los niveles de consumo, y tampoco contribuye a reducir comercio ilícito.
  3. Legalización: la producción y el consumo son legales. Puede haber ciertas restricciones, como la prohibición de venta a menores de edad.

Opciones:

Se ha abordado el problema de las drogas desde hace ya mucho tiempo, en el contexto de tratados internacionales, Convenciones, Comisiones y Juntas. Los resultados han sido la elaboración de políticas de control de drogas, que pretenden velas por la protección de las personas y comunidades, la mitigación de los daños a la salud, la prevención de los problemas en familias, vecindarios, escuelas y trabajos.

Políticas sociales que no son explícitamente dirigidas a reducir el uso de drogas, pero que pueden contribuir positivamente en dicha dirección, son: sistemas educativos más eficientes, comunidades que tengan oportunidades de desarrollo, programas de capacitación de padres para la crianza de los hijos, tribunales más expeditos y justos. Y, desde luego, el combate a la corrupción.

Despenalización: con diversas extensiones a cuanto esta política, hay varios países de las Américas, y estados en EEUU que manifiestan una tendencia a la despenalización o a la reducción de las sanciones por posesión y uso de drogas, sobre todo en cuanto a la marihuana.

Dentro de estas políticas, encontramos modelos que pueden ser de utilidad, como los modelos de disponibilidad legal, cuyo fin es garantizar la calidad de la droga, para evitar aún más daños a la salud.

El punto crucial para determinar las alternativas legales y regulatorias es el reconocimiento del costo – beneficio de las mismas. Por ejemplo, la evidencia sugiere que la despenalización tiene poca incidencia en la prevalencia, pero contribuye a reducir la cantidad de casos judiciales, prontuarios criminales y tasas de encarcelamiento.

La despenalización o la legalización podrían contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad, ya que podría asegurase la pureza de la sustancia y reducirse el contagio de VIH por jeringas compartidas.

Con la legalización podría reducirse la violencia criminal y la corrupción de los sistemas de justicia penal. Esto implicaría contar con sistemas eficaces de reglamentación, que no permitan el surgimiento de mercados negros paralelos.

Por otro lado, es razonable suponer que una mayor disponibilidad, permitida por la legalización, puede conducir a un aumento en el consumo.

Otras alternativas son las políticas de promoción de la integración social y tratamiento de los delincuentes drogodependientes, con programas que requieren de la participación de las comunidades en cuestión para su éxito.

A pesar de que normalmente la legalización es entendida como una sola política, lo cierto es que existe muchos y muy diversos enfoques posibles para legalizar una droga, algunas mucho más restrictivas que otras. Entre estas restricciones, se pueden mencionar: elevados impuestos, menos lugares para su expendio, horas reducidas de consumo, restricciones a la publicidad. Todo esto puede reducir tanto el consumo como el daño que provoca el mismo.

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Informe de escenarios:

“Nosotros, los líderes de la región, sostuvimos una invaluable discusión sobre el problema global de las drogas. Coincidimos en la necesidad de analizar los resultados de la actual política en las Américas y de explorar nuevos enfoque para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos. Le hemos dado un mandato a la OEA para tal fin”. Presidente de la Sexta Cumbre en las Américas, Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia, Cartagena de Indias, 15 de abril de 2012.

Como respuesta a esta mandato, el grupo de expertos convocados presenta los siguientes escenarios, que exponen cómo podría ser la evolución de la situación actual, de una manera factible y clara, para que puedan servir como base para los futuros planteamientos de estrategias para enfrentar el problema de las drogas.

 

Comparación de los escenarios:

 

JUNTOS CAMINOS RESILIENCIA RUPTURA
Cómo se entiende el “problema de las drogas”  

El problema de las drogas es parte de un problema mayor de inseguridad, con instituciones estatales débiles incapaces de controlar sus consecuencias, como el crimen organizado y la corrupción.

 

 

El problema es que el régimen legal y regulatorio actual para controlar el uso de drogas mediante sanciones penales (especialmente arrestos y encarcelamiento, están causando demasiado daño.

 

El problema de las drogas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes que generan violencia y adicción.

 

El problema es que los países productores de drogas (especialmente cocaína) y aquellos por los que se hace el tránsito, están pagando costos insoportables e injustos.

La respuesta que se intenta dar  

Fortalecer las capacidades de las instituciones judiciales y de seguridad pública mediante una mayor profesionalización, mejores alianzas con los ciudadanos, nuevos indicadores de éxito y una cooperación internacional mejorada.

 

 

Probar y aprender de regímenes legales y regulatorios alternativos, iniciando con la marihuana.

 

Programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud públicas, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales.

 

 

Algunos países abandonan unilateralmente la lucha contra (o llegan a aceptar) la producción y el tránsito de drogas en su territorio.

Oportunidades que presenta esa respuesta

 

 

Mejor seguridad ciudadana; mayor credibilidad en las instituciones estatales, lo que respalda el incremento en la tributación; una alianza hemisférica renovada.

 

Desarrollo de mejores políticas de drogas mediante una experimentación rigurosa: los recursos para el control de drogas y usuarios de drogas se reasignan para la prevención y el tratamiento del uso problemático; eliminación de algunos mercados y ganancias del crimen mediante la regulación.

 

 

Comunidades más incluyentes, menos violentas y más sanas, que asumen un rol activo en la lucha contra las drogas y el crimen.

 

Reducción de la violencia, mayor atención a las prioridades domésticas sobre las internacionales; liberación de recursos que actualmente se invierten en seguridad y ejecución de la ley.

Retos ara la implementación de esta respuesta.  

La reconstrucción de instituciones estatales frente a la oposición de intereses arraigados; una cooperación internacional dispersa y vacilante; el efecto globo de las actividades criminales desplazándose hacia lugares

 

Gestionar los riesgos de la experimentación, especialmente en lo que concierne a la transición de mercados criminales hacia mercados regulados (incluyendo posibles incrementos del uso problemático); lidiar con los nuevos mercados criminales y las nuevas tensiones intergubernamentales como resultado de las diferencias de regímenes entre jurisdicciones.

 

 

Recursos y capacidades insuficientes en muchos gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales para abordar estos problemas; rezagos antes de que esta respuesta logre reducir el crimen relacionado con las drogas.

 

La reducción en la aplicación de la ley permite la expansión de los mercados y ganancias de las drogas; la infiltración de los estados por parte de organizaciones criminales; los conflictos generados por violaciones a los tratados internacionales.

 

 

Conclusiones:

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el problema de las drogas no está delimitado a una zona o país, sino que se ha vuelto un problema que abarca a todo el continente. En cada país encontramos una o varias de las fases del proceso, y el tratamiento en cada caso es distinto, ya que depende tanto de la fase en cuestión, los otros delitos asociados y la población de que se trata; este abordaje debe ser flexible, considerando cómo cada país se ve afectado por el problema.

La violencia que rodea al problema de las drogas es una preocupación primordial para todos los sectores de la población, sobre todo en aquellas sociedades en las que el Estado no está en condiciones de ofrecer respuestas eficaces, tanto en materia de seguridad, como de impartición de justicia, tratamiento de las adicciones, combate al delito organizado, reforzamiento de instituciones, combate a la corrupción, infiltración de cárteles en la vida pública, etc.

Por otro lado, el consumo de drogas es un problema de salud pública, por lo que se deben promover programas de vida saludable, prevención de adicciones, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los adictos (a los cuales se les debe considerar enfermos, no delincuentes).

 

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Opinión personal:

Como es mencionado en ambos documentos, el problema de las drogas es muy extenso, y abarca áreas tan diversas como la saludo, la agricultura, las economías de las pequeñas localidades, de grandes regiones y de los países; la seguridad pública, el crimen organizado y muchos crímenes graves contra las personas y la sociedad en general, perpetrados por los grupos delictivos.

Considero que los documentos revisados, si bien inciden en todos los rubros del problema de las drogas y de las políticas de despenalización y legalización de las mismas, están básicamente enfocados al combate al narcotráfico y toda la organización criminal que lo rodea.

Creo que esta guerra contra el narcotráfico es un deber ético de los gobiernos, aunque el costo en violencia y muertes ha ido en escalada exponencial.

Por eso, es de la mayor importancia el Análisis Analítico presentado ante la OEA, que permitirá a los países comparar las soluciones intentadas ante el problema de las drogas, con las consecuencias derivadas de las mismas, y formular los programas, estrategias, leyes y reglamentos más adecuados a cada región, considerando la magnitud de cada uno de los aspectos del mencionado problema, la población que sufre dichos aspectos y las fortaleza o debilidad de sus instituciones.

Las acciones que se han emprendido por parte de los diferentes países, de acuerdo al documento analizado, han tratado de abarcar todos los aspectos de este problema. Sin embargo, creo que hay varios problemas fundamentales que hacen menos eficientes, y a veces infructuosos los esfuerzos en un gran porcentaje de los casos:

 

  1. La gran desigualdad social, la falta de expectativas de una vida digna, de la posibilidad de desarrollo que sufren muchos grupos sociales.

Esto origina que resulte muy redituable dedicar la economía local al cultivo o a la producción de drogas, dado que representa ganancias muy altas en comparación con los ingresos obtenido en las labores legales tradicionales.

En este rubro, coincido con el escenario RESILENCIA, en la importancia imperativa de crear programas de desarrollo comunitario, que promuevan el fortalecimiento de las comunidades, un incremento en la seguridad, el mejoramiento de la salud pública, etc, en los que, forzosamente, deben interactuar los gobiernos locales, las empresa, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad, que es donde radica la posibilidad de cambio.

Estos programas deben estar perfectamente diseñados, tanto en su implementación como en su seguimiento, para poder ser un rival efectivo contra el deslumbramiento que en muchas comunidades se vive frente a la “bondades” del narcotráfico y los narcotraficantes, quienes les proveen de servicios, mejoras urbanas, escuelas y modus vivedi con los que antes no contaba la comunidad.

 

  1. La terrible violencia que se vive en varias regiones de las Américas y en muchas ciudades de nuestro país, consecuencia del narcotráfico y la guerra entre cárteles, que ha provocado la muerte de cientos de miles de personas, claramente no todas ligadas a los grupos criminales.

Hay una aparente creencia en que la legalización de alguna(s) droga(s), o su despenalización o regulación, traerá como consecuencia una eliminación del mercado negro y, por lo tanto, la lucha de los grupos de narcotraficantes.

Yo considero que este es un panorama utópico; bien el escenario JUNTOS señala que la respuesta a este problema es “fortalecer las capacidades de las instituciones judiciales y de seguridad pública mediante una mayor profesionalización, mejores alianzas con los ciudadanos, nuevos indicadores de éxito y una cooperación internacional mejorada”, la realidad de todo el continente en cuanto a la gran extensión de los delitos no sólo en relación con las drogas, sino también en los otros campos de acción de las células criminales, aunado a la ineficacia de las instituciones de impartición de justicia y de seguridad pública, la corrupción existente a todos los niveles, el hacinamiento e ineficiencia de los sistemas penitenciarios, ocasionarían que el mercado de drogas despenalizadas o legalizadas prontamente se vería engullido por la vorágine de crimen y corrupción mencionados, y, por lo tanto, no se lograría el objetivo de disminución de actividad delictiva.

 

 

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  1. Otra expectativa sobre las políticas de despenalización o legalización de alguna(s) droga(s) es la reducción de riesgos de salud inherentes al consumo de drogas, la disminución de la edad de inicio de consumo y del consumo por curiosidad o desafío de las normas.

Hay indicadores que avalan cierta disminución de riesgos para la salud gracias a estas políticas. Pero en cuanto a la reducción de edad de inicio o el consumo controlado, vuelve a generarse puntos de corrupción, dado que las mismas instituciones que ya están envueltas en todo el problema sobre las drogas, son las encargadas de supervisar y sancionar el cumplimiento de las restricciones que señalan dichas políticas.

 

  1. El gran peso sobre los sistemas salud pública que representan la atención de pacientes con intoxicación aguda, los pacientes con trastornos derivados del consumo, las enfermedades crónicas y en muchos casos mortales ocasionadas por la adicción, etc.

Otra expectativa con respecto a las políticas de despenalización y legalización de droga(s), es que disminuyan los problemas de salud, ya que la droga regulada por el mercado legal cumpliría, idealmente, con estándares de calidad, con el beneficio de no generar problemas adicionales a los que la droga per sé ocasiona.

Al respecto, considero que dichas políticas tienen una muy pequeña contribución a la descarga de los sistemas de salud. Si bien es cierto que podrían reducir daños, la misma realidad de corrupción y generalización del crimen en instituciones públicas originaría que la droga legal no fuera tan pura como se espera, y, por otro lado, la emergencia de mercados negros paralelos, con insumos sustraídos de los recursos legales misma autoridad por la misma autoridad encargada.

 

  1. La desintegración familiar, las economías familiares afectadas gravemente por el consumo del adicto (además de su falta de contribución al ingreso familiar por su ausentismo al trabajo, o carencia del mismo); el desgaste familiar en los frecuentes e infructuosos esfuerzos por “ayudar” al adicto.

También la estigmatización del adicto como “vicioso” o “delincuente”, lo cual dificulta su rehabilitación y reinserción a la sociedad, con la consecuente desesperanza en el futuro alta probabilidad de recaídas, además de incurrir en acciones ilícitas para subsistir.

Otra vez mencionando a la estrategia RESILIENCIA, el camino de una posible solución es la creación de programas sociales de prevención de adicciones, atención y rehabilitación de los adictos y las familias, y educación en oficios que permitan acceder a una vida digna y sana.

En este aspecto, las Comunidades Terapéuticas, para la rehabilitación y reinserción social de los drogodependientes, son programas que han demostrado su eficacia a lo largo de los años.

 

OEA (Organización de los Estados Americanos). Secretaría General. (2013).

El Problema de las Drogas en las Américas.

 

CRÉDITOS FOTOGRAFÍAS

Fotografías tomadas de la galería en flickr de la OEA – OAS
Secretary General Presents Report on Drug Problem in the Americas to Special Meeting of CICAD
Date: May 20, 2013
Place: Washington, DC
Credit: JUAN MANUEL HERRERA/OAS  Algunos derechos reservados

 

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